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La construcción de edificios genera grandes cantidades de Residuos de Construcción y Demolición, de los cuales 120kg/m2 se generan en obra nueva, 338,7 kg/m2 se generan en rehabilitación y entre 900 y 1000kg/m2 en demolición, lo que supone un alto impacto medioambiental y social (PNIR 2008-2015). En 2008, España generó 47 millones de toneladas de RCD de las cuales únicamente se recicló el 13,60%, lo que significó que no se alcanzaron los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) para ese año. Además, la Agencia Europea de Medio Ambiente cifra que el valor de reciclaje en España se encuentra muy por debajo de la media de la Unión Europea y lejos de países como Dinamarca, Estonia y Países Bajos que presentaban índices de reciclaje superiores al 90%. Ante esta situación, aparecen la Directiva Europea 2008/98 y el Real Decreto 105/2008 sobre RCD, los cuales pretenden introducir un nuevo enfoque que no sólo considere la fase de residuo sino todo el ciclo de vida de los productos y materiales, de manera que se reduzca el impacto que la generación de residuos causa al medioambiente y regular su gestión. En particular, la Directiva exige la adopción por parte de los Estados Miembros, de las medidas necesarias que aseguren para el 2020 aumentar hasta un mínimo del 70% en peso, el tratamiento, reciclaje y otras operaciones de valorización de los RCD de naturaleza no peligrosa. A pesar de las medidas anteriores, en España el vertido de los RCD está todavía bastante incontrolado, casi existiendo una única forma de gestionarlos consistente en la eliminación a vertedero, debido a los bajos costes de vertido que impiden que opciones más ecológicas sean económicamente competitivas. Esta práctica choca frontalmente con el principio básico de un desarrollo sostenible, esto es, un crecimiento económico compatible con la preservación del medio ambiente que lo sustenta.